GACETAUAN
9 de diciembre 2010
Pág. 8
Por Ernesto Villanueva
L
a doctora PerlaGómezGallardo llevó
a cabo un diagnóstico preliminar sobre
el estado de la transparencia universi-
taria en las instituciones que integran la
ANUIES. De ahí es posible extraer una
evaluación de cómo andan las cosas en
el sector universitario, cuyos resultados
dejan mucho que desear.
Primero. El trabajo consistió en calif-
car 137 rubros derivados de las leyes de
acceso a la información y reglamentos
y/o acuerdos universitarios en materia
de transparencia, analizando los por-
tales de las universidades en ese rubro.
Como era de esperarse, los resultados
arrojan muchas áreas de oportunidades
para cumplir con la ley y generar meca-
nismos a fn de promover la rendición
de cuentas y el combate a la corrupción.
Prácticamente ninguna universidad
cumple al 100 por ciento lo que la Cons-
titución y las leyes ordenan. Entre las
de mayor cumplimiento se encuentra
la Universidad Pedagógica Nacional, la
cual contiene todos los rubros en ma-
teria de información y cumple con el 75
por ciento de la información por lo que
hace a gestión académica. Además, po-
see el 90 por ciento de su información
administrativa y arriba del 50 por cien-
to de su información fnanciera. Llama
la atención la Universidad autónoma de
Nayarit, que cuenta con accesibilidad
en su página e información completa
en términos generales. En información
de gestión académica cumple al 87.5 por
ciento. También se localiza en un buen
lugar la Universidad Autónoma de Nue-
vo león, que satisface al 100 por cien-
to de los rubros legales en su portal de
transparencia; en cuanto a la calidad de
su información, cumple con el 70 por
ciento de su gestión académica y con el
80 de su gestión administrativa.
En el cuadro de honor se ubica la Uni-
versidad de Guadalajara con el 100 por
ciento de los rubros generales de infor-
mación pública en su portal de trans-
parencia, cuenta con el 80 por ciento en
información de calidad sobre su gestión
fnanciera y con el mismo porcentaje
acerca de su gestión académica.
Segundo. Por el contrario, las uni-
versidades que tienen muchísimo por
hacer son la Universidad Autónoma de
Campeche, la cual solo tiene el 30 por
ciento de los rubros que por ley debe
contar, y que en información sobre or-
ganización administrativa cuenta ape-
nas con el 40 por ciento. La Universi-
dad Autónoma de la Ciudad de México
tiene el 80 por ciento de los rubros en
su portal pero sólo el 8 por ciento son
datos útiles. Y fnalmente la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, que
cumple sólo con el 41.46 por ciento de
su gestión interna y solo satisface el 46
por ciento de la información de su ges-
tión fnanciera. Es la única universidad
del país que previene al solicitante que
recibe información en estos términos:
“Cualquier mal uso para fnes distintos
a los establecidos en el Acuerdo para la
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción en la UNAM podrá ser sancionado
atendiendo a la gravedad del daño oca-
sionado o que se pretenda ocasionar, y
en los términos de las leyes aplicables”.
Esa prevención no tiene ningún efecto
legal, pero sí constituye un disuasivo
psicológico para hacer solicitudes de in-
formación. Esto manifesta la ausencia
de voluntad por cumplir con el derecho
a saber. También es la única universidad
que desde 2008 se encuentra en desaca-
to del mandato previsto en la adición
del artículo 6º constitucional segundo
párrafo, por lo que su acuerdo de trans-
parencia no ha sido reformado.
Tercero. Uno de los rubros donde se
puede identifcar un mayor índice de
opacidad es en la entrega y el manejo de
los recursos sindicales de las universi-
dades públicas, así como los recursos
destinados a pensiones y jubilaciones.
A partir de enero la doctora Perla Gó-
mez y yo haremos un estudio a profun-
didad de la transparencia en las univer-
sidades públicas del país, que integrará
tanto información de ofcio como infor-
mación a petición de parte. Sólo resta
decir que ninguna universidad mexi-
cana fgura en los 150 primeros lugares
a nivel internacional a pesar de recibir
recursos económicos iguales o mayores
a las primeras 50 universidades consi-
deradas como de “clase mundial”. De ahí
la oportunidad y pertinencia de medir
no solo el uso adecuado de los recursos
públicos, sino sus resultados en la en-
señanza universitaria, la investigación
y la calidad de los profesores e investi-
gadores para determinar con el máximo
de precisión posible si los recursos que
reciben de la Cámara de Diputados se
corresponden con datos e indicadores
medibles y comparables para bien del
interés público.
*Artículo de análisis publicado en la
revista Proceso.
*Transparencia y opacidad universitaria
J
uan López Salazar, rector de la
Universidad Autónoma de Na-
yarit (UAN) y Oscar Humberto
Herrera López, procurador General de
Justicia del Estado (PGJ), frmaron un
convenio de colaboración en materia de
servicio social y prácticas profesiona-
les, en benefcio de los estudiantes uni-
versitarios.
En compañía de Cecilio Flores Soto,
secretario general; de Edgar González
Sandoval, director de Servicio Social y
Becas, así como de David Acosta Cruz,
secretario de Vinculación y Extensión
de la Autónoma de Nayarit, el rector ex-
presó que para la universidad es motivo
de satisfacción llevar a cabo convenios
con compromisos mutuos de apoyo a
los estudiantes que vienen a fortalecer
su formación académica.
El rector explicó que cada joven que
se incorpore a hacer sus prácticas pro-
fesionales o servicio social en institu-
ciones de la Procuraduría de Justicia, se
les brinda la opor-
tunidad y los espa-
cios para que pue-
dan complementar
su formación acadé-
mica y se abre la po-
sibilidad de que en
un futuro sean los
que vayan a estar
impartiendo y pro-
curando justicia a la
sociedad nayarita.
El procurador
Oscar Herrera, su-
brayó que la sus-
cripción de este
convenio reitera la
confanza que tie-
nen la Procuraduría y la sociedad na-
yarita con la máxima casa de estudios.
"En la UAN se vive una nueva etapa, en
donde el desarrollo en el ámbito acadé-
mico sigue y se seguirá impulsando, por
lo que resulta un honor, que acciones
como éstas, contribuyan a fomentar la
participación ciudadana por conducto
de los estudiantes, creando canales de
participación activa de la sociedad en
las acciones y programas de las institu-
ciones del gobierno, como lo es la Pro-
curaduría General de Justicia".
Firmó convenio la UAN con la PGJ
El procurador Oscar Herrera y el rector Juan
López en la frma del convenio.